SANTA FÉ, N.M.  – El proyecto de ley, Caja del Rio Protection Act, patrocinado por el senador Martin Heinrich (D-N.M.) y la representante Teresa Leger Fernández (D-N.M.), protegería permanentemente la región de la meseta de Caja del Río, en Nuevo México. De ser aprobada, la legislación designaría la meseta como un Área Nacional de Conservación y una Zona de Gestión Especial, bajo la Oficina de Gestión de Tierras y el Servicio Forestal de EE. UU., respectivamente.

“Caja del Río tiene una población de ciervos y alces desde los tiempos de nuestros antepasados y mantiene una conexión inherente a la salud y la cultura del Pueblo Tesuque. El paisaje es parte del corredor ecológico natural de la migración de estas y otras especies de la fauna silvestre", dijo el gobernador Mark Mitchell de Pueblo Tesuque. “Nuestros antepasados criaban estos animales para obtener el alimento, la ropa y el sustento necesarios, una práctica que hoy continúa. Sin la protección permanente de la meseta de Caja del Río, corremos el riesgo de alterar el hábitat y el ritmo de nuestro pueblo”, aseguró Mitchell.

 "Esta histórica legislación reconoce a la meseta de Caja del Río, como uno de los paisajes ecológicos e históricos más significativos de todo el país, garantizando su protección ante las continuas amenazas que enfrenta, debido a la privatización y la degradación, al igual que las tierras públicas que son vitales para las comunidades indígenas y todos los estadounidenses", dijo el reverendo Andrew Black, director de agua y tierras de las tribus nativas americanas de National Wildlife Federation. "La importancia de la meseta de Caja del Río, como un corredor ecológico de la fauna silvestre y con una profunda historia cultural, incluyendo miles de antiguos petroglifos y el sendero nacional, Camino Real de Tierra Adentro, no puede subestimarse”, indicó Black.

Esta legislación es el resultado de décadas de colaboración comunitaria, el apoyo de los gobiernos locales y de los pueblos indígenas, incluyendo la recientemente resolución aprobada por el Consejo de Gobernadores de Todos los Pueblos. Esta iniciativa requeriría que las autoridades federales, encargadas de la administración de las tierras, consulten con los pueblos y las comunidades acerca de las concesiones en la zona, prohibiendo el desarrollo de nuevas carreteras, las actividades de minería y la construcción de nuevos derechos de paso, permitiendo el pastoreo, la caza, la recolección de hierbas y otros usos tradicionales, religiosos y de subsistencia.